aqu\u00ed<\/span><\/em><\/a>, en la que analiz\u00f3 los efectos de una resoluci\u00f3n administrativa firme, por consentida, que reconoce una indemnizaci\u00f3n derivada de una negligencia m\u00e9dica, dentro de un procedimiento incoado contra la aseguradora ante la jurisdicci\u00f3n civil, al amparo del art\u00edculo 76 de la LCS, en la que se solicita indemnizaci\u00f3n por conceptos diferentes y\u00a0cuant\u00eda superior a lo solicitado en v\u00eda administrativa.<\/p>\nLa Sala recuerda, entre otros, los siguientes aspectos de su sentencia de 5 de junio de 2019:<\/p>\n
1.- A partir del principio de dependencia estructural de la acci\u00f3n directa prevista en el art. 76 de la LCS respecto de la responsabilidad del asegurado,<\/strong> y con fundamento en autos de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo y sentencia de la Sala,\u00a0concluye que la jurisdicci\u00f3n civil puede y debe pronunciarse prejudicialmente sobre la existencia de responsabilidad de la administraci\u00f3n cuando se ejercite solo la acci\u00f3n directa frente a la aseguradora, pero puntualizando que tal pronunciamiento previo se verificar\u00e1 conforme a la normativa administrativa, as\u00ed como que ser\u00e1 a los solos efectos del proceso, sin que ello suponga reconocerle a la jurisdicci\u00f3n civil competencia para declarar la responsabilidad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica asegurada. Por ello, para declarar la responsabilidad de la Administraci\u00f3n p\u00fablica y no, con efectos meramente prejudiciales, ser\u00e1 preciso seguir el procedimiento administrativo previsto legalmente (Ley 39\/2015, de Procedimiento Administrativo Com\u00fan).<\/p>\nNo se pone en tela de juicio el car\u00e1cter aut\u00f3nomo de la acci\u00f3n directa y su tratamiento jurisprudencial, que se basa en tres principios: la autonom\u00eda de la acci\u00f3n, la solidaridad de los obligados y la dependencia estructural respecto de la responsabilidad del asegurado, citado este \u00faltimo en el p\u00e1rrafo anterior.<\/p>\n
2.- Si el perjudicado opta por seguir el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial iniciado y, reca\u00edda resoluci\u00f3n administrativa que cuantifica la indemnizaci\u00f3n a satisfacer, se consiente por aquel al no impugnarla en la v\u00eda contencioso-administrativa, devenida\u00a0 firme la resoluci\u00f3n administrativa reca\u00edda por consentida, se plantea el problema de si lo resuelto por la administraci\u00f3n p\u00fablica vincula o no a la jurisdicci\u00f3n civil si se acude al ejercicio de la acci\u00f3n directa del art\u00edculo 76 de la LCS contra la aseguradora.<\/p>\n
3.- En tal caso, la aseguradora no puede quedar obligada m\u00e1s all\u00e1 de la obligaci\u00f3n del asegurado<\/strong>\u00a0y la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa es la \u00fanica competente para condenar a la Administraci\u00f3n<\/strong>. La jurisdicci\u00f3n civil solo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos prejudiciales en el proceso civil. Ser\u00eda contrario a la legalidad que se utilizase la acci\u00f3n directa para impugnar el acto administrativo, que se hab\u00eda consentido, a los solos efectos indemnizatorios, porque se conseguir\u00eda el reconocimiento en v\u00eda civil de una responsabilidad de la entidad aseguradora distinta cualitativa y cuantitativamente a la que con car\u00e1cter firme ha sido reconocida y declarada por el \u00f3rgano competente para ello, al culminar el procedimiento administrativo legalmente previsto, que ha sido consentido por los perjudicados, al no acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, \u00fanica que podr\u00eda revisarla.<\/p>\n4.- Por tanto, cuando como es el caso, existe una estimaci\u00f3n total o parcial de la reclamaci\u00f3n se pone en marcha una serie de mecanismos que justifican la soluci\u00f3n adoptada.<\/p>\n
As\u00ed: (i) fijada la indemnizaci\u00f3n, la aseguradora o la propia asegurada pueden pagarla y extinguir el cr\u00e9dito; (ii) una vez declarada la responsabilidad y establecida la indemnizaci\u00f3n, si el perjudicado no acude a la v\u00eda contenciosa, esos pronunciamientos quedan firmes para la administraci\u00f3n; (iii) pueden producirse, potencialmente, todos los efectos propios de las obligaciones solidarias, adem\u00e1s del pago, ya mencionado; y (iv) la indemnizaci\u00f3n que queda firme en v\u00eda administrativa es el l\u00edmite del derecho de repetici\u00f3n que el art\u00edculo 76 de la LCS reconoce a la aseguradora.<\/p>\n
En el recurso de casaci\u00f3n tambi\u00e9n se plante\u00f3 si concurre una causa justificada que exonere a la compa\u00f1\u00eda aseguradora para satisfacer los intereses moratorios del art\u00edculo 20 de la LCS que lleve a fijar el d\u00eda inicial del c\u00f3mputo en un momento posterior, tal como la fecha de resoluci\u00f3n de la administraci\u00f3n reconociendo su propia responsabilidad y valorando econ\u00f3micamente los perjuicios ocasionados. La Sala reconoce la singularidad del presente caso, ante la reclamaci\u00f3n en v\u00eda administrativa, consiste en el obligado expediente previo administrativo seguido solo contra la administraci\u00f3n, de cuya responsabilidad es garante ala aseguradora.\u00a0 De ah\u00ed que declare que un ordenado asegurador no pusiese satisfacer u ofrecer la indemnizaci\u00f3n, por el siniestro, sin reconocer si la administraci\u00f3n reclamada lo admit\u00eda y la indemnizaci\u00f3n fijada (solo ten\u00eda ante s\u00ed unas expectativas). Recalca, que hasta tal punto es as\u00ed, a efectos de causa justificada, que existe un cambio sustancial, no ya de cuant\u00eda, sino de conceptos a valorar, entre lo decidido por la resoluci\u00f3n administrativa no impugnada y lo reclamado en la demanda.<\/p>\n
<\/p>\n
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Sentencia n\u00ba 579\/2019, de 5 de noviembre, dictada por la Sala de lo Civil, reca\u00edda en el recurso de casaci\u00f3n 1914\/2017. El TS reitera la doctrina recogida en su sentencia n\u00fam. 321\/2019, dictada el 5 de junio, por el Pleno de la Sala de lo Civil, recurso n\u00famero 2992\/2016, a cuyo comentario se puede acceder […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1369,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[291,292],"class_list":["post-3600","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","tag-accion-directa-del-art-76-lcs","tag-responsabilidad-patrimonial-sanitaria"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3600"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3600\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.everlawlegal.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}