Como ya advert\u00edamos en anteriores comunicaciones la Disposici\u00f3n Adicional Segunda del Real Decreto 463\/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dej\u00f3 interrumpidos los plazos previstos en las leyes procesales para todos los \u00f3rdenes jurisdiccionales, reanud\u00e1ndose nuevamente el plazo en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto o sus pr\u00f3rrogas. Sin embargo, la citada norma dejaba al margen de dicha suspensi\u00f3n determinados procesos, debido a la importancia de las materias objeto de los mismos. En concreto, en materia jurisdiccional social se reconoci\u00f3 dicha trascendencia a los procesos y recursos que se consideren inaplazables en materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, despidos colectivos, expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo, medidas cautelares y procesos de ejecuci\u00f3n que dimanen de la aplicaci\u00f3n del estado de alarma.<\/p>\n
En el d\u00eda de ayer saltaron en los medios de comunicaci\u00f3n dos Autos resolutorios de solicitud de medidas cautelar\u00edsimas \u201cin audita parte\u201d e instados por dos sindicatos m\u00e9dicos, la CONFEDERACI\u00d3N ESTATAL DE SINDICATOS M\u00c9DICOS (CESM) y ASOCIACI\u00d3N DE M\u00c9DICOS Y TITULADOS SUPERIORES DE MADRID (AMYTS) y cuyo objeto era la solicitud a las Administraciones Sanitarias de equipos protecci\u00f3n individual (mascarillas, guantes, batas, etc) para el desempe\u00f1o de su actividad en condiciones de seguridad para el personal sanitario de dichas administraciones. Uno de ellos se dirig\u00eda contra la Consejer\u00eda de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y hab\u00eda sido instado ante el Juzgado de lo Social, recayendo en el Juzgado 31 (acceda al Auto aqu\u00ed<\/a><\/span>) y el otro contra la contra el Ministerio de Sanidad, y fue instado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. \u00a0Ya anteriormente, aunque con poca repercusi\u00f3n medi\u00e1tica, realiz\u00f3 esta misma petici\u00f3n el SINDICATO JUDICIALIZACI\u00d3N DE SECRETARIADO JUDICIAL dirigi\u00e9ndola contra la Comunidad de Madrid y tambi\u00e9n contra el Ministerio de Justicia, petici\u00f3n realizada tambi\u00e9n ante la jurisdicci\u00f3n social y que recay\u00f3 ante el Juzgado de lo Social 41 de Madrid (Auto accesible aqu\u00ed<\/span><\/a>).<\/p>\n Obviamente no vamos a realizar ninguna valoraci\u00f3n pol\u00edtica ni vamos a cuestionar, antes al contrario, la imperiosa necesidad de proteger a los trabajadores en el desempe\u00f1o de su actividad profesional y mucho menos, en los duros momentos que estamos viviendo, a quienes tienen encomendada la funci\u00f3n de curarnos, pero si hemos cre\u00eddo oportuno analizar, dada la variedad de procedimientos instados, la cuestiones de competencia jurisdiccional (quien tiene competencia para conocer de estas cuestiones) as\u00ed como de legitimaci\u00f3n pasiva (a qui\u00e9n se puede demandar por ello), temas ambos desde luego muy relevantes desde el punto de vista jur\u00eddico, que es el que a nosotros nos interesa.<\/p>\n Dicho lo anterior, y con car\u00e1cter aclaratorio, es importante tener en cuenta que las medidas cautelares constituyen una herramienta para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y justificar\u00eda que el RD 463\/2020 haya incluido este proceso dentro de los que se siguen tramitando porque lo que se pretende con ello es garantizar pronunciamientos futuros de \u00f3rganos judiciales en materia de, en este caso, derechos fundamentales.<\/p>\n El art\u00edculo 79 de la LRJS es el que contempla este proceso, remiti\u00e9ndose a lo dispuesto en los art\u00edculos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dice textualmente \u201ccon la necesaria adaptaci\u00f3n a las particularidades del proceso social y o\u00eddas las partes, si bien podr\u00e1 anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante as\u00ed lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar\u201d.<\/em> Esto es, cabe la posibilidad de que la medida cautelar, como se solicita en los procedimientos instados, se resuelva sin la necesidad de o\u00edr a la parte demandada, es decir, \u201cinaudita parte<\/em>\u201d.<\/p>\n Para que una medida cautelar prospere es preciso que concurran dos requisitos esenciales y, a veces, uno tercero, a saber:<\/p>\n Dicho lo anterior nos surgen dos preguntas que son las que queremos abordar en este art\u00edculo, la primera es analizar que \u00f3rgano judicial que ostenta la competencia objetiva para conocer del fondo del asunto y la segunda es la quien ostenta la legitimaci\u00f3n pasiva para ser reclamado por ello durante el estado de alarma.<\/p>\n COMPETENCIA OBJETIVA<\/strong><\/p>\n Respecto a la primera de las cuestiones, la competencia objetiva para conocer del fondo del asunto la ostenta desde nuestro punto de vista la jurisdicci\u00f3n social puesto que el art\u00edculo 2 de la LRJS lea tribuye competencia para:<\/p>\n e) garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales<\/u>, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, as\u00ed como para conocer de la impugnaci\u00f3n de las\u00a0actuaciones de las Administraciones p\u00fablicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean \u00e9stos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral<\/strong>, que podr\u00e1n ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamaci\u00f3n de responsabilidad derivada de los da\u00f1os sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevenci\u00f3n de riesgos laborales que forma parte de la relaci\u00f3n\u00a0 funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y\u00a0 Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.<\/em><\/p>\n\n