Los intereses moratorios del art\u00edculo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), su
\nliquidaci\u00f3n e imposici\u00f3n al asegurador, as\u00ed como su improcedencia al amparo del n\u00ba 8
\nde este art\u00edculo, constituyen una materia que ha merecido amplia atenci\u00f3n por parte de
\nla doctrina y ha generado larga jurisprudencia. Sin embargo, no es nuestra intenci\u00f3n
\nabordar el estudio de esta figura, sino invitar a reflexionar sobre la incidencia que pudiera
\ntener el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas en la liquidaci\u00f3n de
\nestos intereses moratorios del art\u00edculo 20 de la LCS.<\/p>\n
Efectivamente, el \u201cderecho a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas\u201d, constituye un
\nderecho fundamental de la persona recogido en el art\u00edculo 24.2 de nuestra Constituci\u00f3n
\n(CE) que, por tanto, gozar\u00e1 de las garant\u00edas propias de todo derecho fundamental,
\ndebiendo ser interpretado \u201cconforme a la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos
\ny dem\u00e1s tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por Espa\u00f1a\u201d,
\ntal y como se\u00f1ala la propia CE en su art\u00edculo 10.2.<\/p>\n
A este respecto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) proclama en su
\nart\u00edculo 6.1 el derecho de toda persona a que su causa sea o\u00edda equitativa, p\u00fablicamente
\ny dentro de un plazo razonable (1). Y en su interpretaci\u00f3n, el Tribunal Europeo de
\nDerechos Humanos (TEDH) -cuyas decisiones son obligatorias para Espa\u00f1a conforme
\ntiene declarado nuestro Tribunal Constitucional (2)- ha se\u00f1alado que este art\u00edculo
\nestablece el derecho a que el proceso finalice en un tiempo razonable, debiendo
\ndeterminarse en cada caso, y en funci\u00f3n de sus circunstancias, si ha existido o no
\nracionalidad en la duraci\u00f3n del proceso. Y para hacer esta valoraci\u00f3n de la racionalidad
\nde la duraci\u00f3n del proceso, el TEDH tiene en cuenta, principalmente, los criterios de
\ncomplejidad del asunto, la conducta del titular del derecho y del principio de la correcta
\nadministraci\u00f3n de justicia, en cuanto deber del Estado de organizar su sistema judicial
\nde manera que se garantice el objetivo de la razonable duraci\u00f3n de los procesos (lo que
\nexcluye las circunstancias organizativas, estructurales o de carga de trabajo como
\n\u201cexcusa\u201d de la dilaci\u00f3n).<\/p>\n
Adem\u00e1s, por su condici\u00f3n de derecho fundamental, el derecho a un proceso sin
\ndilaciones indebidas constituye uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento
\njur\u00eddico, fundamento del orden pol\u00edtico y de la paz social, vinculando a todos los poderes
\np\u00fablicos.<\/p>\n
Este derecho a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas es de aplicaci\u00f3n a todas las
\njurisdicciones, si bien es en el \u00e1mbito penal, por la propia materia sometida a
\nenjuiciamiento -el delito- y las consecuencias jur\u00eddicas derivadas del mismo -la pena-,
\ndonde se ha de apreciar m\u00e1s intensamente.<\/p>\n
Pues bien, una manifestaci\u00f3n espec\u00edfica en nuestro ordenamiento jur\u00eddico de este
\nderecho a un proceso sin dilaciones indebidas la encontramos en la atenuante recogida
\nen el art\u00edculo 21.6 del C\u00f3digo Penal. As\u00ed, cuando se haya constatado una dilaci\u00f3n
\nextraordinaria e indebida en la tramitaci\u00f3n del procedimiento, siempre que no sea
\natribuible al propio inculpado y que no guarde proporci\u00f3n con la complejidad de la causa,
\nse aplicar\u00e1 esta atenuante.<\/p>\n
Sin embargo, y pese a que la aplicaci\u00f3n de esta atenuante signifique, per se, el
\nreconocimiento expreso de que el procedimiento ha tenido una duraci\u00f3n extraordinaria,
\nm\u00e1s all\u00e1 de lo razonable y se ha vulnerado con ello el derecho fundamental a un proceso
\nsin dilaciones indebidas, llama la atenci\u00f3n que esta circunstancia no se tenga en
\nconsideraci\u00f3n por nuestros Tribunales a la hora de apreciar y liquidar los intereses
\nmoratorios del art\u00edculo 20 de la LCS.<\/p>\n
Es m\u00e1s, cabr\u00eda incluso tomar en consideraci\u00f3n la posible existencia de una vulneraci\u00f3n
\ndel derecho fundamental comentado cuando, habi\u00e9ndose apreciado una atenuante por
\ndilaciones indebidas, este retraso injustificado en la terminaci\u00f3n del procedimiento no
\nse tuviera en cuenta en la liquidaci\u00f3n de los intereses moratorios, cuando menos,
\nexcluyendo en su cuantificaci\u00f3n esos periodos constatados de indebida dilaci\u00f3n.<\/p>\n
Aun cuando el derecho a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas, conforme hemos
\ncomentado, sea de aplicaci\u00f3n a todas las jurisdicciones, es fuera de estos supuestos
\npenales en los que se haya apreciado la atenuante del art\u00edculo 21.6 donde se hace m\u00e1s
\ndif\u00edcil la constataci\u00f3n de la existencia de dilaciones indebidas en la tramitaci\u00f3n del
\nprocedimiento y, con ello, nuestra reflexi\u00f3n relativa a la consideraci\u00f3n de los retrasos
\ninjustificados en la tramitaci\u00f3n del procedimiento como un elemento a valorar en la
\nliquidaci\u00f3n de los intereses.<\/p>\n
Cabr\u00eda pensar que un criterio esgrimible ser\u00eda acudir a los plazos que para la duraci\u00f3n de
\nlos distintos actos establecen las leyes procesales. Sin embargo, este criterio debemos
\ndescartarlo desde el momento en que el Tribunal Constitucional ha declarado que el
\nderecho a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas no puede identificarse con un
\nderecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales (3), sino que lejos de sentar
\nen \u00e9l, el pretendido por algunos “derecho al plazo”, configura este derecho fundamental
\na un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas a partir de la dimensi\u00f3n temporal de todo
\nproceso y su razonabilidad, acogiendo pr\u00e1cticamente la doctrina Tribunal Europeo de
\nDerechos Humanos sobre este particular.<\/p>\n
En este sentido, nos recuerda el TC (4) que el juicio sobre el contenido concreto de las
\ndilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicaci\u00f3n a las
\ncircunstancias espec\u00edficas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra
\njurisprudencia se han ido precisando. Dichos criterios son:<\/p>\n
i. La complejidad del litigio;<\/p>\n
ii. Los m\u00e1rgenes ordinarios de duraci\u00f3n de los litigios del mismo tipo;<\/p>\n
iii. El inter\u00e9s que arriesga el demandante de amparo;<\/p>\n
iv. La conducta procesal del titular del derecho, y<\/p>\n
v. La conducta de las autoridades.<\/p>\n
Y de cara a valorar esa posible incidencia que la dilaci\u00f3n indebida del proceso pudiera
\ntener en la liquidaci\u00f3n de los intereses, de entre los anteriores criterios se\u00f1alados por el
\nTC cobra especial importancia, a nuestro entender, el relativo al comportamiento del
\ntitular del derecho, esto es, el referente a la conducta del asegurador. Y decimos esto,
\npues la posici\u00f3n de nuestros Tribunales en los casos en los que se ha esgrimido la
\nindebida dilaci\u00f3n del proceso en fundamento de la impugnaci\u00f3n de intereses, es atender
\nal comportamiento desplegado por el asegurador, de manera que si \u00e9ste se ha apartado
\nde la l\u00ednea que define el correcto cumplimiento de las obligaciones que le impone la LCS,
\nel retraso se considera culpable y, por ende, a \u00e9l imputable, y ello al margen de cualquier
\ndilaci\u00f3n indebida en el proceso.(5)<\/p>\n
En definitiva, y como conclusi\u00f3n a estas l\u00edneas, entendemos que el derecho fundamental
\na un proceso sin dilaciones indebidas deber\u00eda tener reflejo en la valoraci\u00f3n de los
\nintereses moratorios en todos aquellos casos en los que el comportamiento desplegado
\npor el asegurador hubiera sido conforme a la LCS, al menos excluyendo de su computo
\ntodos aquellos tiempos de retraso injustificado, lo que dar\u00eda efectividad, adem\u00e1s, a la
\nreparaci\u00f3n in natura de este derecho fundamental.<\/p>\n
(1) Art\u00edculo 6.1 CEDH: \u201cToda persona tiene derecho a que su causa sea o\u00edda
\nequitativa, p\u00fablicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente
\ne imparcial, establecido por la Ley, que decidir\u00e1 los litigios sobre sus derechos y
\nobligaciones de car\u00e1cter civil o sobre el fundamento de cualquier acusaci\u00f3n en materia
\npenal dirigida contra ella\u201d.<\/p>\n
(2) STC 245\/1991, de 16 de diciembre: \u00abEl derecho a un proceso con todas las
\ngarant\u00edas, al igual que los dem\u00e1s derechos fundamentales, ha de ser interpretado de
\nconformidad con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre derechos humanos
\nratificados por Espa\u00f1a (art. 10.2 C.E.), entre los que ocupa un especial papel el Convenio
\nEuropeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, del que el TEDH realiza la
\ninterpretaci\u00f3n y cuyas decisiones son obligatorias para nuestro Estado\u00bb.<\/p>\n
(3) STC 142\/2010, de 21 de diciembre.<\/p>\n
(4) STC 29\/2016, de 18 de julio.<\/p>\n
(5) A modo de ejemplo, podemos se\u00f1alar la Sentencia de la Audiencia Provincial de
\nProvincial de Barcelona N\u00ba 17\/2019 de 18 de enero, donde, pese a haberse constatado
\ndilaciones indebidas en el previo procedimiento penal, no toma en consideraci\u00f3n este
\nretraso injustificado en la tramitaci\u00f3n del procedimiento a la hora de valorar los intereses
\nmoratorios, al constatar el incumplimiento por el asegurador de sus obligaciones
\nderivadas del contrato de seguro: \u201cPartiendo de estas premisas, dicha aseguradora, si
\nquer\u00eda evitar la mora en los t\u00e9rminos y con las consecuencias dispuestas en el citado art.
\n20 LCS , deb\u00eda, al menos, haber consignado en el plazo de tres meses desde la producci\u00f3n
\ndel siniestro , el importe que la propia aseguradora considerase suficiente para cubrir los
\nda\u00f1os admitidos, lo que adem\u00e1s le hubiera evitado sufrir las dilaciones del proceso penal
\nprecedente. Pero al no haberlo hecho as\u00ed debe imponerse la condena al pago del inter\u00e9s
\nque prev\u00e9 la norma invocada por el recurrente\u201d.<\/p>\n