Sentencia n\u00ba 151\/2020 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional el 22 de octubre en el seno de la cuesti\u00f3n interna de inconstitucionalidad n\u00fam. 1231-2020 plantada por su Sala Primera en el recurso de amparo 1880-2018<\/p>\n
El \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 238\u00a0bis<\/em>\u00a0de LECrim, en la redacci\u00f3n dada por la Ley 13\/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci\u00f3n procesal para la implantaci\u00f3n de la nueva oficina judicial, establece que \u201c(\u2026) contra el decreto del Secretario Judicial que resuelva el recurso de reposici\u00f3n no cabr\u00e1 interponer recurso alguno<\/em>\u201d.<\/p>\n La duda de su constitucionalidad afecta al r\u00e9gimen de recursos contra los decretos de los letrados de la administraci\u00f3n de justicia (en adelante, LAJ), -antiguos secretarios judiciales-, en la medida en que su aplicaci\u00f3n puede impedir que sus decisiones sean revisadas por los jueces y tribunales, titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), vulnerando as\u00ed el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensi\u00f3n que garantiza el art. 24.1 CE.<\/p>\n La cuesti\u00f3n interna de constitucionalidad se plante\u00f3 partiendo de la doctrina fijada en las SSTC\u00a058\/2016<\/a>, de 17 de marzo;\u00a072\/2018<\/a>, de 21 de junio, y\u00a034\/2019<\/a>, de 14 de marzo, que han declarado inconstitucionales y nulos, respectivamente, el primer p\u00e1rrafo del art. 102\u00a0bis<\/em>.2 de la Ley 29\/1998<\/u>, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa (LJCA); el art. 188.1, p\u00e1rrafo primero, de la Ley 36\/2011<\/u>, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci\u00f3n social (LJS); y el p\u00e1rrafo tercero del art. 34.2 y el inciso \u201cy tercero\u201d del p\u00e1rrafo segundo y del p\u00e1rrafo cuarto del art. 35.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC)<\/u>, todos ellos en la redacci\u00f3n dada por la Ley 13\/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci\u00f3n procesal para la implantaci\u00f3n de la nueva oficina judicial, al estar en presencia de preceptos sustancialmente iguales, que impiden la revisi\u00f3n judicial de los decretos de los LAJ.<\/p>\n El Pleno recuerda que la regulaci\u00f3n actual trae causa de la reforma de la oficina judicial iniciada con la Ley Org\u00e1nica 19\/2003, que potencia la intervenci\u00f3n de los LAJ, llamados a responsabilizarse, por su capacitaci\u00f3n profesional como t\u00e9cnicos en Derecho, \u201cde determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con exclusividad a jueces y tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha del servicio p\u00fablico que constituye la administraci\u00f3n de Justicia<\/em>\u201d, como se\u00f1ala la exposici\u00f3n de motivos de la citada Ley 13\/2009.<\/p>\n A\u00f1ade tambi\u00e9n el pronunciamiento de la reciente STC\u00a015\/2020<\/a>, de 28 de enero,-cuya rese\u00f1a es accesible aqu\u00ed<\/span><\/a>-,<\/em> que declarara la inconstitucionalidad y nulidad del art\u00edculo 454\u00a0bis<\/em>.1, p\u00e1rrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacci\u00f3n dada por la Ley 37\/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilizaci\u00f3n procesal.<\/p>\n El Pleno considera claro que la exclusi\u00f3n de recurso frente al decreto prevista en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 238\u00a0bis<\/em>\u00a0LECrim, priva del acceso al control jurisdiccional de una decisi\u00f3n adoptada en el seno de un proceso penal por un \u00f3rgano no investido de funci\u00f3n jurisdiccional, cuando seg\u00fan reiterada doctrina de este tribunal \u201cel derecho a obtener de los jueces y tribunales una resoluci\u00f3n razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE<\/em>\u201d (por todas, STC\u00a08\/2014<\/a>, de 27 de enero, FJ 3).<\/p>\n En definitiva, el precepto cuestionado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva<\/strong> (art. 24.1 CE), al crear un r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n de las decisiones de los LAJ generador de un espacio inmune al control jurisdiccional<\/strong>.<\/p>\n Finalmente, se precisa que en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del LAJ resolutivo de la reposici\u00f3n sea el directo de revisi\u00f3n.<\/p>\n