Sentencia n\u00famero 899\/2020, del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2020, dictada por la Sala de lo Social en el seno del recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina n\u00famero 3270\/2018<\/p>\n
El Tribunal Supremo reitera su doctrina que declara que la fecha de efectos econ\u00f3micos del recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo es la de tres meses anteriores a la solicitud y no la fecha de efectos de la prestaci\u00f3n a la que aquel se aplica.<\/p>\n
En el presente caso, el fallecimiento del causante se produjo el 24 de marzo de 1979 si bien fue reconocido como derivado de enfermedad com\u00fan, siendo esa la contingencia que obtuvo la pensi\u00f3n de viudedad inicialmente. A la pensi\u00f3n de viudedad no se le reconoci\u00f3 la calificaci\u00f3n de derivada de enfermedad profesi\u00f3n hasta la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, confirmada por el TSJ; reconoci\u00e9ndose con efectos de 11 de diciembre de 2013. La solicitud de recargo se present\u00f3 en fecha 23 de febrero de 2016 por los herederos, al haber fallecido la viuda durante el proceso de determinaci\u00f3n de la contingencia. Atendiendo a tales hechos, la Sala considera que solo cabe entender como fecha de efectos econ\u00f3micos del recargo la de tres meses anteriores a la solicitud, tal y como ha venido se\u00f1alando su doctrina.<\/p>\n
Las particularidades a las que atiende la sentencia recurrida para justificar el momento que otorg\u00f3 la sentencia de instancia no son determinantes de la fecha de efectos econ\u00f3micos del recargo, puesto que el hecho de que la sentencia del juzgado de lo social no fuera firme cuando se present\u00f3 la solicitud de recargo, no obstaba para su presentaci\u00f3n que, solo quedar\u00eda vac\u00eda de contenido, si la sentencia de aquel \u00f3rgano hubiera sido revocada. Es m\u00e1s, esa fecha de firmeza, si acaso, tan solo servir\u00eda como “dies a quo” a efectos del plazo de prescripci\u00f3n del ejercicio de la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n del recargo pero no para los efectos econ\u00f3micos que legalmente se establecen en el art. 53 de la LGSS, en el de tres meses anteriores a la solicitud.<\/p>\n
Por otro lado, insiste en que todo lo que indica la sentencia recurrida en orden a los c\u00f3mputos de los tiempos destinados a la tramitaci\u00f3n administrativa o judicial sirven para argumentar sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y su interrupci\u00f3n, pero no para los efectos econ\u00f3micos del derecho al recargo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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