Sentencia del Tribunal Supremo n\u00ba 325\/2022, de 6 de abril de 2022, dictada por la Sala de lo Social, recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina n\u00ba 1370\/2020.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n controvertida consiste en determinar si una prueba de grabaci\u00f3n de sonido, en concreto la grabaci\u00f3n parcial de una conversaci\u00f3n entre la actora y el gerente de la empresa, practicada en el acto del juicio en la instancia, puede servir en el recurso de suplicaci\u00f3n para fundamentar la revisi\u00f3n de los hechos probados; esto es si la aludida grabaci\u00f3n puede ser considerada como documento h\u00e1bil en el que fundar la pretendida revisi\u00f3n de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.<\/p>\n
La Sala recuerda que la\u00a0STS de 16-6-2011 (R. 3983\/2010<\/span>), textualmente indica: “… La idoneidad de la prueba de los instrumentos de reproducci\u00f3n de la palabra, la imagen o el sonido para revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, al amparo del\u00a0art\u00edculo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral<\/span>, se enmarca dentro de un recurso de car\u00e1cter extraordinario. En efecto el recurso de suplicaci\u00f3n tiene dicho car\u00e1cter, tal y como resulta de su configuraci\u00f3n legal, expresamente reconocida en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de enero de 1989, en su propia regulaci\u00f3n y en las normas comunes a los recursos de casaci\u00f3n y suplicaci\u00f3n que aparecen en la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho car\u00e1cter asimismo ha sido reconocido por el\u00a0Tribunal Supremo, desde la sentencia de 26 de enero de 1961<\/span>\u00a0y por el\u00a0Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 3\/83, de 25 de enero de 1983<\/span>;\u00a017\/86, de 13 de octubre de 1986<\/span>\u00a0y\u00a079\/85, de 3 de julio de 1985<\/span>. Consecuencia de tal car\u00e1cter es la limitada revisi\u00f3n de hechos legalmente permitida, que \u00fanicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia, por lo que la interpretaci\u00f3n del concepto de prueba documental, a la vista del car\u00e1cter del recurso, necesariamente ha de ser efectuada de forma restrictiva….<\/em>“.<\/p>\n A continuaci\u00f3n admite que la Sala ha aceptado un concepto amplio de prueba documental, partiendo de la distinci\u00f3n entre medios de prueba -que son los instrumentos de intermediaci\u00f3n requeridos por el proceso para la constancia material de los datos existentes en la realidad exterior-\u00a0 y fuentes de prueba, que se refiere a la fuente de informaci\u00f3n exterior que est\u00e1 en capacidad de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de prueba que se incorporan al proceso a trav\u00e9s de los medios de prueba son ilimitadas, pero los medios de prueba \u00fanicamente pueden ser regulados en la LEC. As\u00ed, hace referencia a su sentencia de 23 de julio de 2020, recurso de casaci\u00f3n 239\/2018, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social -a cuya rese\u00f1a se puede acceder aqu\u00ed<\/em><\/span><\/a>-, en la que se mantiene un\u00a0concepto amplio de documento, comprensivo de los electr\u00f3nicos, pero sostiene que tal concepto no puede abarcar una grabaci\u00f3n de audio de una conversaci\u00f3n entre dos personas porque en s\u00ed misma tal conversaci\u00f3n no tienen\u00a0 el car\u00e1cter de documento que se incorpora a un soporte electr\u00f3nico<\/strong>. Se trata de un medio de reproducci\u00f3n de a palabra reconocido como medio de prueba e el art. 90 LRJS, pero no incorporado como h\u00e1bil a los efectos revisorios en el art. 193.b) LRJS.<\/p>\n En su sentencia de 23 de julio de 2020 se\u00a0sostuvo un concepto amplio de documento -comprensivo de los electr\u00f3nicos-, reconociendo que el avance tecnol\u00f3gico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a trav\u00e9s de los nuevos soportes electr\u00f3nicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticaci\u00f3n). En consecuencia, se atribu\u00eda la naturaleza de prueba documental a los correos electr\u00f3nicos, sin que ello supusiese que todo correo electr\u00f3nico pod\u00eda acreditar el error f\u00e1ctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello ser\u00e1 necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sentencia del Tribunal Supremo n\u00ba 325\/2022, de 6 de abril de 2022, dictada por la Sala de lo Social, recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina n\u00ba 1370\/2020. 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