Sentencia del Tribunal Supremo nº 1502/2026, de 24 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil, recurso de casación nº 1419/2022 I. Objeto del litigio y antecedentes procesales Un paciente de 68 años contrató los servicios profesionales de un urólogo, tras habérsele diagnosticado un adenocarcinoma prostático de Gleason 7. En la hoja de consentimiento […]
Sentencia del Tribunal Supremo nº 1502/2026, de 24 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil, recurso de casación nº 1419/2022
I. Objeto del litigio y antecedentes procesales
Un paciente de 68 años contrató los servicios profesionales de un urólogo, tras habérsele diagnosticado un adenocarcinoma prostático de Gleason 7. En la hoja de consentimiento informado suscrita por el paciente se le informó de que la técnica ofertada, consistente en la aplicación de ultrasonidos enfocados de alta intensidad (HIFU), era novedosa, se le explicó detenidamente en qué consistía y, también, fue ilustrado de las otras alternativas posibles de tratamiento: la extirpación quirúrgica de la próstata, la radioterapia externa, la radioterapia intersticial (braquiterapia), la criocirugía y la vigilancia sin tratamiento. De igual manera, le comunicaron cuales eran sus riesgos típicos, coincidentes en esencia con los propios de las otras posibilidades terapéuticas, aunque con variación de probabilidades.
Tras ser intervenido, el paciente sufrió seis retenciones urinarias agudas y tres infecciones de tal naturaleza; incontinencia, que determinó la implantación de un esfínter artificial para su control, y se le practicó una resección transuretral de limpieza una uretrotomía por padecer una estenosis uretral. Pese a la aplicación de la técnica HIFU hubo una recidiva bioquímica del cáncer, que fue tratada con radioterapia.
El paciente reclamó, como indemnización de daños o perjuicios, la suma de 116.000,oo € o, subsidiariamente, la que el juzgado estime oportuno, sin motivar dicha petición pecuniaria.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial de Madrid, aunque admitió que no se le informó del carácter experimental de la técnica, mantuvo la desestimación y solo modificó las costas.
II. Recurso de casación
El paciente interpuso un recurso de casación formulando un único motivo, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2. LEC, al incurrir la sentencia recurrida en infracción de la doctrina jurisprudencial que, en una interpretación integradora del art. 10 apartados 5 y 6, de la Ley 14/1986 General de Sanidad, determina que la falta o defecto de información previa al consentimiento del paciente implica mala praxis médica de la que deriva la obligación de reparar el daño causado.
III. Resolución del recurso de casación y argumentación jurídica del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el paciente y condena al médico a pagar una indemnización de 24.000 €, con los del art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia.
La Sala inicia su argumentación recordando su doctrina sobre el consentimiento informado que señala que constituye el salvoconducto que permite al médico tratante superar la barrera de la integridad física de su paciente. En definitiva, consentir o denegar la intervención que se le propone conforma una decisión que, exclusivamente, pertenece al paciente como sujeto pasivo de cualquier intervención o tratamiento (STS 493/2026, de 6 de abril). Asimismo, destaca que desde el punto de vista de su estructura, son dos sus elementos configuradores: la información y el consentimiento, toda vez que no puede existir un consentimiento autónomo y válido cuando no se cuenta con la suficiente información previa para adoptar una decisión consciente y libre, que otorgue legitimidad a la injerencia médica en la integridad física del paciente, configurada como obligación integrante de la lex artis que rige en el ámbito de la asistencia sanitaria.
En el presente caso acude a la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad en supuestos en los que se les privó al paciente de su derecho a decidir por insuficiencia o ausencia de la información recibida. Sostiene que el supuesto objeto del litigo encaja en los casos intermedios en los que el equipo médico no incurrió en una conducta negligente causante del daño corporal, pero sí en defectos en la obtención del consentimiento informado: existente pero con un déficit de información. Por ello, la indemnización debe ser determinada mediante un juicio prospectivo sobre las probabilidades de que el paciente no hubiere aceptado el tratamiento en el caso de conocer el riesgo o la alternativa existente; lo que constituye una tarea intelectual de ponderación de expectativas o posibilidades no susceptibles de exacta o matemática determinación, aunque sí de un juicio ponderativo circunstancial de discriminación de casos, pues no todos los escenarios posibles merecen el mismo resarcimiento económico en una horquilla cerrada.
Trasladando tal doctrina al supuesto enjuiciado, la Sala considera vulnerado el derecho del paciente al consentimiento informado, al habérsele hurtado un dato trascedente a la hora de tomar su decisión de someterse a la técnica HIFU: la comunidad científica reputaba dicha técnica como un procedimiento experimental, con respecto al cual, se desconocía la supervivencia a largo plazo en el momento en el que se practicó la intervención.
El Alto tribunal reconoce que no se sabe con certeza qué decisión que hubiera adoptado en tal caso el paciente, lo que constituye un condicional contra fáctico, pero manifiesta que, sin duda, perdió una oportunidad, que no era mínima o de despreciable consideración, sino probabilísticamente consistente, dadas las consideraciones y recomendaciones de la comunidad científica: entre ellas, la inexistencia de estudios solventes sobre la supervivencia a largo plazo de la aplicación de la técnica HIFU con respecto a las otras técnicas terapéuticas, en una persona que, cuando se sometió a dicho tratamiento, contaba con 68 de edad.
En cuanto a la indemnización se refiere, se fija en 24.000,00 €, tras valorar los siguientes elementos ponderativos:
1. En la hoja de consentimiento informado se comunica al paciente que la opción ofertada (HIFU) era novedosa, se le explicó detenidamente en qué consistía, fue ilustrado de las otras alternativas posibles de tratamiento y se le comunicaron cuales eran sus riesgos típicos, coincidentes en esencia con los propios de las otras posibilidades terapéuticas, aunque con variación de probabilidades. En efecto, consta como riesgos típicos de dicha intervención tanto la posibilidad de una incontinencia total y permanente -como efectivamente padeció- como la necesidad de practicar una recesión uretral.
2. Se omitió un hecho relevante: la técnica HIFU, en 2013 (fecha de la intervención) era reputada como experimental. Si bien daba resultados conocidos efectivos en corto-medio plazo, se desconocía la supervivencia a largo plazo mediante estudios solventes.
3. La publicación de la Asociación Europea de Urología, en el 2013, se inclinaba para el tratamiento de la patología sufrida por el demandante, como más idónea, por la práctica de la prostatectomía radical y la radioterapia externa o braquiterapia, si el paciente tenía una expectativa de vida mayor de 10 años; circunstancia aplicable al paciente: tenía 68 años en el momento en el que fue intervenido, por lo que el dato omitido -niveles de supervivencia en la aplicación de la técnica- no le resultaba indiferente para tomar su decisión.
4. No hubo mala praxis en la práctica de la técnica HIFU y el paciente reunía los requisitos médicos de idoneidad para someterse a dicho tratamiento.
5. Hubo una recidiva bioquímica del cáncer, que constaba como posible en el consentimiento informado, y que fue tratada, de modo efectivo, con radioterapia. No constan nuevas manifestaciones del cáncer pese al tiempo transcurrido.
6. El demandante solicita en su demanda una indemnización de 116.000 euros, que no individualiza mediante su oportuna cuantificación específica, o, de manera subsidiaria, la que judicialmente se considere procedente por su tórpida evolución clínica y secuelas.
7. No se practicó pericial médica sobre la aplicación del baremo de tráfico, por tanto, dado el carácter orientativo de este último, en relación con el tórpido curso del paciente, se calcula prudencialmente un daño de unos 60.000 euros, en defecto de pruebas más precisas que debieron ser facilitadas por la parte actora.
8. Se fija una pérdida de oportunidad de un 40%, que determina la que la cuantía de la la indemnización ascienda a 24.000,oo €. sentencia.
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