Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2019, dictada por el pleno en el seno de la cuestión de inconstitucionalidad número 3323-20017.

El último inciso del párrafo tercero del artículo 152.2 LEC, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que dispone que la falta de práctica de aviso electrónico en LexNet no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la CE. El acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos. El aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva, sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional. Voto Particular.

Supuesto de hecho

El supuesto enjuiciado versa sobre la actuación de un Graduado social que, albergando la confianza legítima de que recibiría del órgano judicial el aviso de la notificación de una Sentencia del Juzgado de lo Social, al haber suministrado una dirección de correo electrónico, prescindió de la consulta de su buzón del sistema LExNET al que se le remitió, correctamente, la referida notificación; motivo, por el cual, no pudo formalizar en plazo el anuncio del correspondiente recurso de suplicación, puesto que no le llegó dicho aviso y desconoció la práctica de aquella notificación.

Contenido de la cuestión de inconstitucionalidad planteada

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, planteó una cuestión de inconstitucionalidad, por posible vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), en relación con el último inciso del párrafo tercero del artículo 152.2 de la LEC, en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

Transcribimos literalmente, para facilitar la lectura del presente comentario, la redacción del citado artículo, incluyendo el inciso último cuestionado, que dispone, tras la modificación legal indicada, lo siguiente:

Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley. 

El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”.

Las razones esenciales por las que la Sala promueve la referida cuestión de inconstitucionalidad son las siguientes:

1.- El mencionado inciso desvincula la validez de la notificación de un acto de comunicación ya practicada con el incumplimiento de la obligación que tiene el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que tenga conocimiento de que se ha producido dicha notificación.

2.- El aviso de notificación modula la diligencia del profesional actuante en el procedimiento, al permitirle atemperar la carga desproporcionada que supone que tenga que consultar todos los días del año su buzón de Lexnet; carga que sería todavía más gravosa si se tratara de un profesional que solo actúa esporádicamente en el territorio competencia del Ministerio de Justicia, en el que está implantado el sistema electrónico Lexnet como obligatorio, al igual que el ciudadano que debe relacionarse con la Administración de Justicia.

3.- La finalidad pretendida por el legislador al introducir la garantía del aviso de notificación, anudada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE) de las partes en el proceso, queda, sin embargo, desvirtuada por la aplicación del referido último inciso del artículo 152.2 de la LEC, puesto que  descarta que la falta de emisión del aviso alcance repercusión respecto de la validez del acto de comunicación practicado, pudiendo causar indefensión por la pérdida de oportunidades y trámites procesales, como aconteció en el supuesto de autos.

4.- Existe la “confianza legítima” en que la obligación de aviso será cumplida por el órgano judicial, por lo que se supone que entre tanto no corre plazo alguno del acto de comunicación, y proclama que aquella confianza no puede ser quebrantada por mor del inciso cuestionado.

Pronunciamiento y argumentación del Tribunal Constitucional

El TC tras hacer un recordatorio acerca de su doctrina sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE) en relación con el control de los actos de comunicación procesal, ámbito en el que se sitúa la controversia aquí planteada, e identificar el marco normativo regulador de los actos de comunicación electrónica donde se inserta el artículo 152.2 de la LEC, desciende a atender al enunciado y finalidad de este último precepto, en especial el último inciso que resulta cuestionado y, tras todo ello, aborda el enjuiciamiento de los argumentos esgrimidos por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para sustentar su duda de constitucionalidad.

De la prolija argumentación desplegada por el TC destacamos, como lo hace el voto particular formulado por el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, tres aspectos que se desarrollarán a continuación.

Diferente naturaleza jurídica de los actos de comunicación procesal y el aviso enjuiciado en el presente asunto.

A juicio del TC el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos. Así manifiesta: «El aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva, sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional

Destaca que, tanto el artículo 149 de la LEC, precepto que define cuáles son los actos de comunicación en el proceso civil (y órdenes jurisdiccionales de aplicación supletoria), como la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no contemplan un “aviso” sobre la puesta a disposición de un acto de comunicación, como si se tratase de uno de estos últimos.

La norma en examen no configura el “aviso” como un acto de comunicación, sino solo como una información que se provee acerca “de la puesta a su disposición de un acto de comunicación”. En coherencia con este limitado fin:

(i) El inciso primero de dicho párrafo tercero ya advierte que aquel aviso no sirve “para la práctica de notificaciones”; y que la validez del acto de comunicación no debe presumirse del mero cumplimiento de la obligación de enviar el aviso: “con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso”, señala el segundo inciso.

(ii) Si, por tanto, la norma desvincula el acto de comunicación del aviso de “puesta a disposición” de dicho acto, no parece en modo alguno que exista incompatibilidad entre lo regulado en los dos primeros incisos, y el último, salvo, en el caso de que se hubiese anudado legalmente la validez entre sí de ambas actuaciones, pero no es el caso.

El inciso final del precepto cuestionado, que separa entonces los efectos jurídicos de la omisión del aviso, respecto de la validez del acto de comunicación, aparece por ello como una medida estrictamente necesaria para asegurar la propia eficacia del sistema de justicia electrónica en su configuración actual.

En consecuencia, no resulta aplicable la doctrina constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión, que ha sido dictada a propósito de los actos de comunicación.

El carácter no desproporcionado o exorbitante de la carga legal que suponen las notificaciones por sistemas telemáticos

El TC rechaza la argumentación de que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entrañe una carga “desproporcionada” porque no «alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada.» En realidad, por su trabajo y su dedicación se puede esperar que el profesional acceda a su buzón diariamente o casi a diario, no otra cosa.

Tampoco admite que se ponga en peligro el derecho al descanso de los representantes procesales cuando: (i) la ley garantiza que pueda hacerse uso del sistema durante las 24 horas del día, todos los días del año, (ii) si falla el sistema puede acreditarse y efectuarse la presentación al día hábil siguiente y (iii) la normativa prevé un mecanismo de sustituciones entre compañeros, que flexibiliza la utilización del buzón de LexNET.

Asimismo, rechaza la calificación de “obligación muy exorbitante”, para aquellos profesionales de la Justicia que sólo actúen esporádicamente en el territorio competencia del Ministerio de Justicia”, en el que el sistema LexNET es obligatorio, porque a ellos les corresponde la decisión profesional de optar libremente por actuar en partidos judiciales distintos a aquel donde están colegiados y, suya es la responsabilidad consecuente de racionalizar su trabajo.

A su juicio, el mismo rechazo le merece la consideración como obligación “exorbitante” la consulta del expediente digital por el particular, persona física o jurídica, que actúa sin postulación y hace uso de los canales electrónicos habilitados.

La inexistencia de una confianza legítima derivada de la obligación legal de realizar el aviso.

El TC también rechaza que en el presente caso se manifieste el principio de confianza legítima porque no guarda relación con aquella relacionada con los perjuicios derivados de cambios normativos, en concreto y, por ejemplo, “la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles”, con menoscabo de la seguridad jurídica del artículo 9.3 de la CE.

Es más, no se puede reclamar una confianza legítima en la aplicación de un precepto que no existe, pues ninguno de los previstos en la LEC o en la normativa sobre comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Justicia plasman una vinculación o condicionamiento de los efectos propios de las notificaciones procesales practicadas por vía LexNET (o plataforma similar), con la realización del aviso sobre la puesta a disposición de ese acto procesal, en el dispositivo, servicio de mensajería simple o dirección de correo electrónico, facilitado por el profesional interviniente. Justamente lo que se contempla es lo contrario, y lo hace por dos veces el párrafo tercero del art. 152.2 LEC, en sus incisos primero y tercero.

Concluye el TC su argumentación señalando que: «Tal circunstancia impide considerar la norma objeto de examen como contraria al artículo 24.1 de la CE, desde el prisma del desconocimiento del principio de confianza legítima que se argumenta, pues éste no puede proclamarse a partir de un entendimiento particular del ordenamiento procesal en el que, uno o más preceptos deben ser anulados (sin que contradigan la Constitución) solo para facilitar la que se considera una mejor aplicación de otros, o para alcanzar una solución jurídica supuestamente más adecuada o justa, en este caso en orden al cómputo de ciertos plazos procesal.”

Voto particular

El Voto particular considera que debiera haber sido estimada la presente cuestión de inconstitucionalidad.

El Magistrado discrepante pone el foco en que todo el proceso de razonamiento desplegado mayoritariamente por el TC no ha permitido identificar de una manera adecuada el conflicto constitucional que, desde la perspectiva del artículo 24.1 CE, plantea el precepto cuestionado. En efecto, enfatiza que la cuestión relevante no es si el aviso se configura legalmente o no como un acto de comunicación al que se puedan vincular unos u otros efectos procesales, ni si resulta desproporcionada la carga que sobre las partes o sus representantes tiene el sistema de comunicaciones telemáticas y la necesidad de establecer mecanismos precautorios, ni, por último, la eventual frustración de una expectativa legítima, moduladora del deber de diligencia de la parte como elemento esencial en la valoración de la existencia de una posible indefensión.

En su opinión, debe declararse la inconstitucionalidad del inciso cuya inconstitucionalidad se examina, en la medida en que la regulación es irrazonable y arbitraria y tiene como objeto la validez de un acto de comunicación en un procedimiento judicial, que afecta con ello al haz de garantías con las que está revestida la participación de la parte en el proceso y a la prohibición de indefensión establecida en el artículo 24.1 de la CE.

Califica la configuración legal de irrazonable porque no hay ningún elemento de coherencia entre: “(i) la imposición de una obligación de los órganos judiciales en relación con los ciudadanos usuarios del servicio de la justicia y (ii) que los perjuicios que origine el incumplimiento de esa obligación por parte de los órganos judiciales cuando el servicio funcione anormalmente recaigan por imperativo legal sobre el ciudadano que padece la anomalía. (iii) En ese contexto de una previsión normativa basada en la premisa de que el ejercicio de una potestad por el ciudadano –la de pedir que se le avise por medio de correo electrónico de que se ha realizado el acto de notificación– se convierte en una obligación del órgano judicial –la de enviar ese aviso por ese medio–, el legislador ha incluido un elemento distorsionador como es la previsión ahora cuestionada de que la ausencia de esa notificación no impedirá la validez del acto de comunicación.”

Por último, califica como una arbitrariedad, cuya interdicción para los poderes públicos queda establecida en el artículo 9.3 de la CE, que ese irrazonable desplazamiento del perjuicio del incumplimiento por parte del Estado, al menos en sus consecuencias más directas y graves en el terreno procesal, al ciudadano usuario del sistema de la Administración de Justicia, se establezca en la relación entre uno de los poderes del Estado y el ciudadano.

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